Ante la problemática planteada por la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, el presidente de la República, Álvaro Uribe, tomó medidas decisivas a corto plazo para solucionarla.
Teniendo en cuenta que el Incentivo al Almacenamiento, que este año fue de 35 mil millones de pesos, fue entregado a industriales que no respetaron los precios pactados entre los productores y el Gobierno nacional; en esta ocasión el Presidente pidió se hiciera un seguimiento a los molineros.
En caso de encontrar que los precios de compraventa no se cumplen o el incentivo no beneficia a los productores, este será retirado. Así mismo, Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, presentó el proyecto de creación de tres empresas procesadoras de arroz en Casanare, Meta y Tolima, con una capacidad de procesamiento de 210 mil toneladas, equivalentes al 13.6 por ciento de la producción de cada zona. Para la creación de estas empresas que estarían a disposición de los agricultores, se requiere de una inversión de 47 mil 121 millones de pesos.
"En estos silos no se comprará el arroz a los productores sino que ellos mismos tendrán la oportunidad de secar y almacenar y de recibir el Incentivo de Almacenamiento, lo que les permitirá adquirir poder de negociación al tener un producto no perecedero", explicó Hernández.
De otro lado, el alta mandatario entregó al Ministerio de Agricultura las instalaciones que pertenecieron al Idema, para que se pusieran a disposición de los productores para ser adaptadas para el almacenamiento de las cosechas y prescindir de los grandes molineros que poseen el monopolio de comercialización del producto.
CONTRABANDO
Al ser insuficientes las acciones de la DIAN, Álvaro Uribe dispuso el nombramiento de un coronel que coordine entre las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa y la Policía Fiscal Aduanera los operativos de control y seguimiento al contrabando que proviene de otros países.
De igual forma, los agricultores de la costa denunciaron dos molinos ubicados en Maicao y Cúcuta, ubicados en zonas en las que geográficamente está imposibilitada la producción de arroz, por lo que se dedican a ingresar al país el arroz de contrabando. Para ello, el Presidente solicitó una vigilancia especial e intervención a las actividades que estos dos industriales desarrollan en la zona.
COSECHA ESTACIONARIA
El 60 por ciento de la producción de arroz en el país se cultiva en secano, quedando sujeta a los meses de abril y mayo y para ser recolectada entre agosto y septiembre, situación que ocasiona una sobreoferta temporal de arroz paddy verde. Fedearroz, planteó dos soluciones a mediano y corto plazo, la primera de ellas se apoya en la creación de silos comunitarios para almacenar el arroz que no puede entrar al mercado en esa temporada.
La segunda solución es la construcción de más distritos de riego en todo el país para que los agricultores tengan la oportunidad de sembrar en diferentes meses del año.
Roberto Mejía recibió orden al mérito arrocero
En el marco del Congreso Nacional Arrocero se otorgó la orden al Mérito Arrocero, en la categoría de Gran Cruz, al tolimense Roberto Mejía Caicedo, destacando su amplia trayectoria al servicio del sector agrícola.
Roberto Mejía ocupó diversos cargos en el sector público y privado, entre los que se destacan el de gerente general de Fedearroz, presidente de la SAC y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Con más de 60 años de experiencia como productor de arroz en el Departamento, Roberto Mejía recibió la condecoración durante el acto de instalación del Congreso. “Este es el resultado de todo mi trabajo durante muchos años vinculado al sector del arroz, lo que estoy viviendo ahora es algo que definitivamente me llena el alma y también la de mi familia, y la de mi tierra”, comentó Mejía, al terminar la ceremonia de condecoración.
En dicho acto también se condecoró a Guillermo León Reina, productor del Meta, en la categoría de Servicios Distinguidos, por sus aportes al gremio y a la investigación en el cultivo de arroz.
Teniendo en cuenta que el Incentivo al Almacenamiento, que este año fue de 35 mil millones de pesos, fue entregado a industriales que no respetaron los precios pactados entre los productores y el Gobierno nacional; en esta ocasión el Presidente pidió se hiciera un seguimiento a los molineros.
